Comisión de Quejas determina improcedencia de medidas cautelares contra el Presidente de la República y el Coordinador General de Comunicación Social

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El proyecto votado considera los hechos denunciados como posiblemente
ilícitos
● Por tratarse de hechos consumados, no se emitió la medida cautelar; sin
embargo, se advierte que de repetirse la conducta se hará acreedora de
medidas cautelares
La Comisión de Quejas y Denuncias del Instituto Nacional Electoral (INE) resolvió
declarar improcedentes las medidas cautelares solicitadas por los partidos Acción
Nacional (PAN) y de la Revolución Democrática (PRD), así como por María
Marcela Torres Peimbert, diputada federal, en contra del Presidente de la
República y del Coordinador General de Comunicación Social de la Presidencia,
por el presunto uso indebido de recursos públicos con impacto en material
electoral, violando los principios de imparcialidad, legalidad y certeza, en el marco
de los procesos electorales federal y locales.
En el proyecto aprobado se establece: “si bien se consideró, desde una óptica
preliminar, que los hechos denunciados pudieran resultar ilícitos por constituir
propaganda gubernamental con contenido prohibido y proveniente de una
fuente desconocida y aparentemente carente de autenticidad y validez, lo
que pudiera afectar la equidad en la contienda y las preferencias ciudadanas,
esta Comisión considera que no se surten los requisitos… [previstos en la
jurisprudencia 14/2015, de rubro MEDIDAS CAUTELARES SU TUTELA
PREVENTIVA] relativos a que dicha conducta continuará o se repetirá en el
tiempo porque, en este momento, no se cuenta con constancia o prueba en ese
sentido, de ahí que no resulte procedente otorgar una medida cautelar, en la
vertiente de tutela preventiva”.
No obstante, la resolución añade: “Sin embargo, dadas las características y
contexto del caso, el hecho de que actualmente están en curso dos procesos
electorales locales (Coahuila e Hidalgo) y que, a partir de septiembre próximo dan
inicio los procesos electorales federal y locales en todo el país, ha lugar a reiterar
las obligaciones y prohibiciones apuntadas y, particularmente, señalar que, si se
realizan conductas posiblemente antijurídicas -como la advertida en este asunto-,

continúan o se repiten en lo futuro entonces esta Comisión estará en
condiciones de dictar las medidas preventivas que correspondan, incluso
oficiosamente, a fin de garantizar la vigencia de los principios constitucionales
sobre los que se desarrollan los procesos electorales”.
Asimismo, la Comisión de Quejas y Denuncias emitió un “pronunciamiento que
tiene como destinatarios a los servidores públicos de todos los ámbitos y niveles
de gobierno, especialmente y de manera destacada al Presidente de la República
y al Vocero de esa dependencia pública (por ser los sujetos denunciados en este
asunto), a fin de que, en todo tiempo, ajusten sus actos y conductas a los límites y
parámetros constitucionales”, recalcándoles “la prohibición de utilizar o aprovechar
los canales o vías oficiales de comunicación para introducir cuestiones electorales”
y “de conducirse con imparcialidad y neutralidad a fin de no afectar la equidad en
la contienda, así como el deber reforzado de cuidado para no difundir o presentar
información que no cuente con un respaldo respecto de su origen o autenticidad”.
El acuerdo fue adoptado por votación unánime de las Consejeras Claudia Zavala y
Adriana Favela, así como del Consejero Jaime Rivera, integrantes en pleno de la
Comisión de Quejas y Denuncias.

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