México, Escenario Rojo Para Ejercer El Periodismo: Líderes De Opinión

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·        Urge reivindicar la labor social del periodista en la consolidación del Estado democrático y constitucional: CNDH

Cándido Ríos Vázquez fue asesinado la tarde del martes 22 de agosto pasado en el municipio de Hueyapan, al sur del estado de Veracruz. Fue el décimo periodista que de esta forma muere en lo que va de la actual administración. Sin embargo, el hecho ya poco sorprendió, pues durante este sexenio van 36 y sigue la impunidad.

Tal parece que en México no hay novedad y que, como dice una conocida canción, todo sigue igual. Más bien peor porque a los terremotos que han impactado el país, principalmente el centro y sur de la República, en septiembre de 2017 se han agregado los azotes de huracanes y tormentas tropicales. Pero nada remuerde la conciencia de los poderosos pues la violencia, corrupción y la endeble libertad de prensa imperan como nunca. De esto sabe la población en general y sufre, sobre todo, el gremio periodístico que ha padecido el asesinato de por lo menos 10 de sus integrantes en lo que va del año, lo que suma 36 en la actual administración. Este escenario ha llevado a concluir a través de encuestas entre la población, que prácticamente no hay libertad de prensa en el país.

Por eso es que el presidente de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dice que en México urge reivindicar la labor social del periodismo en la consolidación del Estado democrático y constitucional, así como para la re-dignificación de su labor instrumental en favor de la sociedad. Aclara que la libertad de expresión es un derecho de todas las personas, aun cuando su ejercicio está estrechamente relacionado con los medios de comunicación.

Es así que no se trata simplemente de reconocer el derecho que tienen los medios y los periodistas a expresarse y de reconocer su libertad de prensa, sino que en un régimen democrático la discusión involucra también el tema del derecho de los individuos a estar informados de forma oportuna, veraz y confiable sobre lo que acontece en el espacio público. Como garante de las libertades, el Estado debe generar las condiciones que permitan ejercer el derecho a comunicar información en condiciones adecuadas y sin obstáculos. González Pérez reconoce que México es uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, como lo han documentado diversas organizaciones, entre ellas Freedom House. Por ello, acepta que aún hay mucho por hacer para que los periodistas ejerzan sin cortapisas y sin riesgo el derecho a informar.

En la realidad de los últimos años, esos estudios que menciona el titular de la CNDH permiten asegurar que en el país se desprecia a los periodistas. Javier Garza Ramos que es Knight Fellow en el International Center for Journalists, acusa de esto no sólo al crimen organizado, sino también a actores políticos relevantes o de cualquiera que se encuentre bajo el escrutinio de los medios de comunicación, incluso de parte de quienes deben salvaguardar el derecho de la libertad de expresión. Sostiene que las agresiones son legión: Homicidios y secuestros de periodistas, ataques armados contra instalaciones de medios, golpizas a reporteros que cubren manifestaciones callejeras, robo o destrucción del equipo que usan para consignar lo que sucede en las calles, amenazas para dejar de publicar información incómoda, intervenciones cibernéticas para acceder a datos privados de periodistas o lanzar campañas de desprestigio, acoso legal mediante detenciones arbitrarias, citatorios judiciales o demandas.

Sus investigaciones revelan que en 15 estados del sur del país, el mayor riesgo son policías locales o grupos sociales; mientras que en el norte el crimen organizado es el principal agresor de periodistas, para evitar que los hechos violentos que desatan en la pugna por territorios lleguen a los diarios, los noticieros o las redes sociales. Pero hay algunas entidades que registran una variedad de agresiones, como si fueran microcosmos de la nación entera. En Veracruz, por ejemplo, se han registrado homicidios, secuestros, golpizas, amenazas, robo de equipo, hackeo de páginas de Internet, detenciones arbitrarias y otras formas mientras que Tamaulipas, Chihuahua y el Estado de México viven una diversidad similar. La mayoría de las agresiones proviene de las fuerzas de seguridad pública, las policías municipales y estatales, así como la Policía Federal. Los actores políticos también figuran como agentes hostiles, lo que comprende a alcaldes, funcionarios de gobierno y legisladores.

En ocasiones, estos servidores públicos se valen de algún cuerpo policiaco para agredir a un periodista; en tanto grupos del crimen organizado son con frecuencia los responsables de los ataques más violentos al secuestrar o asesinar a los profesionales así como ataques armados contra instalaciones de medios. Pero de manera creciente otros grupos se han convertido en agresores de periodistas, particularmente activistas sociales que atacan a reporteros durante coberturas, así como empresarios o guardias de seguridad privados que buscan impedir que los ojos de la prensa se asomen a sus actividades. Javier Garza Ramos concluye que la diversidad de agentes hostiles a los medios sólo se explica a partir de la impunidad.

Esta es la visión de quienes han estudiado la situación de los trabajadores de medios de comunicación en México, un país en el que 9 de cada 10 ataques contra periodistas quedan sin castigo y con frecuencia sin ni siquiera una investigación, debido a esto resulta sencillo para cualquier persona agredir a un periodista o a un medio y salirse con la suya. Es fácil para un policía golpear a un reportero en una manifestación, como es fácil para un político amenazar a un periodista por hacerle una pregunta incómoda o para un empresario robarle la cámara a un fotógrafo que captaba imágenes de la clausura de su negocio, afirma Garza Ramos, quien agrega que en gran medida, la impunidad viene de la ineficacia de las instituciones del Estado mexicano para impedir las agresiones a periodistas.

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