México.- Con una reforma electoral en puerta, la Cámara de Diputados concluyó el primer periodo ordinario de sesiones del segundo año de la actual Legislatura, luego de aprobar reformas en materia de extorsión, aguas, vapeadores, amparo y aduanas.
Entre septiembre y diciembre, las y los legisladores aprobaron 55 proyectos de decreto, de los cuales 46 fueron reformas a leyes vigentes, dos reformas constitucionales y siete corresponden a la creación de nuevas leyes.
Los diputados realizaron reformas para endurecer los requisitos e incrementar las responsabilidades de los agentes aduanales, imponer aranceles a productos asiáticos, limitar la suspensión y la procedencia del amparo y prohibir la producción y adquisición de vapeadores y cigarros electrónicos con fines comerciales.
También para prohibir la venta de bebidas energizantes a menores de edad, para evitar cobros por tarjetas de crédito que no fueron solicitadas y para permitir la cancelación de plataformas de forma inmediata y mediante mecanismos digitales que deberán estar disponibles.
Además, expidieron nuevas leyes, como la Ley General de Aguas que modifica el régimen de concesiones y distribución de aguas en el País, la Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar Delitos en Materia de Extorsión que homologa tipos penales y sanciones para este delito y la Ley Orgánica de la Armada de México, que formaliza las nuevas atribuciones que mediante decretos presidenciales se le otorgaron a la Marina en materia de aeropuertos y aduanas.
Los diputados expidieron también la Ley General de Economía Circular que obliga a fabricantes, distribuidores e importadores a hacerse cargo de toda la gestión ambiental de sus productos, y la Ley de Desarrollo Sustentable de la Cafeticultura con la que se busca fomentar la producción, distribución, industrialización y comercialización de este producto con un enfoque de protección al medio ambiente.
Morena y sus aliados también impusieron su mayoría para avalar e incluso ampliar las propuestas de la Presidenta Claudia Sheinbaum para incrementar los ingresos de 2026.
En el marco de la discusión del Paquete Económico, aprobaron incrementar el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios (IEPS) a los refrescos, cigarros y videojuegos con contenido violento y a propuesta de diputados del PT y el PVEM gravaron los sueros orales.
Aumentaron el cobro de distintos servicios prestados por el Estado, desde trámites migratorios, verificación de helipuertos, licencias de aeronavegabilidad y vigilancia de instalaciones financieras y «condonaron» 180 mil millones de pesos a aseguradoras a cambio de que paguen 20 mil millones de pesos actualmente en litigio.
Avalaron también el presupuesto para el próximo ejercicio fiscal, que será superior a los 10 billones 193 mil millones de pesos, de los cuales 1.7 billones de pesos provendrán de deuda. La mayoría de estas modificaciones fueron aprobadas con el voto en contra de la Oposición.
AHORA SÍ NEGOCIAN
A diferencia de Legislaturas pasadas, en las que «no se movía una coma», en el periodo pasado diversas reformas propuestas desde el Ejecutivo federal sufrieron cambios, como resultado de presiones de los sectores involucrados.
El 5 de diciembre pasado, después de 24 horas de discusión continua, Morena y sus aliados aprobaron la reforma a la Ley de Aguas, luego de realizar alrededor de 70 cambios a la propuesta presidencial en respuesta a las presiones de productores que días antes habían tomado carreteras, puentes fronterizos y aduanas y amenazaban con reactivar sus movilizaciones si no eran tomados en cuenta en la discusión de las modificaciones.
Fue el coordinador de Morena, Ricardo Monreal, quien personalmente tomó las negociaciones con los productores, las cuales derivaron en dos paquetes de modificaciones: el primero con alrededor de 50 cambios aprobados por la Comisión de Recursos Hidráulicos, Agua y Saneamiento, y el segundo con 18 que fueron avalados en la discusión en lo particular, mientras afuera de San Lázaro protestaban productores con todo y tractores.
Los cambios a la propuesta presidencial no fueron menores, porque tocaron temas como la transmisión de derechos de títulos de concesión, introdujeron conceptos como «uso agropecuario familiar», crearon nuevos «delitos contra las aguas nacionales», aumentaron multas y exceptuaron de sanciones a quienes hagan uso del agua para fines personales, doméstico y agropecuario familiar.
Además, el 9 de diciembre pasado, Morena, el PVEM y con el voto dividido del PT, aprobaron la reforma a la Ley General de Salud que prohíbe la cadena de producción y suministro de vapeadores, cigarros electrónicos y dispositivos análogos con fines comerciales y sanciona con entre uno a ocho años de prisión el incumplimiento de esta disposición.
La mayoría rechazó que la reforma criminalizara a quienes consumen este tipo de productos, pero después de horas de debate en el que la Oposición insistió sobre este punto, Morena y el PT presentaron una reserva para exentar de sanción la adquisición y posesión de vapeadores para consumo personal y con ello eliminar «cualquier vestigio punitivo» en la reforma, porque como estaba redactada, la prohibición podría prestarse a confusiones.
Otras iniciativas del Ejecutivo modificadas por los diputados fueron las reformas a Ley Aduanera y a la Ley de Amparo, aunque a pesar de esos cambios, la Oposición siguió advirtiendo riesgos.
DISCUSIONES CANDENTES
Los debates también se caracterizaron por el intercambio de acusaciones, insultos, amenazas entre legisladores e incluso mentadas de madre, y los escándalos no se hicieron esperar.
El 3 de noviembre pasado, durante la dictaminación de Presupuesto 2026, la morenista Vianey García llamó «mierdas» a los diputados del PAN.
Un día después, durante la discusión en el pleno, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, acusó haber recibido amenazas que, después se supo, eran del vocero de Morena, Arturo Ávila, luego de que diputados del tricolor desplegaron un cartel con la imagen de la presidenta nacional del partido guinda, Luisa María Alcalde.
En ese mismo debate, el priista Carlos Gutiérrez Mancilla expresó desde tribuna: «que chinguen y rechinguen a su madre todos aquellos que son tibios, que son cómplices», al referirse al homicidio del Alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, y unos días después, mientras se discutía la prohibición de vapeadores, el morenista Pedro Zenteno dijo parafrasear al escritor José Saramago y lanzó a la Oposición la frase «vayan y envenenen a la puta madre que los parió».
A ello se suman los escándalos en los que se vieron involucrados diversos legisladores. El 20 de octubre pasado, el morenista Cuauhtémoc Blanco fue expuesto jugando padel mientras se reunía la Comisión de Presupuesto, de la que forma parte. El legislador justificó su ausencia argumentando que su corazón necesita ejercicio.
Un día después, diputados de Morena abandonaron la sesión para sacar sus mejores pasos al ritmo de la Sonora Santanera, agrupación que visitó el Congreso a invitación de Sergio Mayer con motivo de su 70 aniversario.
Y LO QUE VIENE
El coordinador de Morena, Ricardo Monreal, indicó que el cambio de régimen aún no está concluido, por lo que esperan procesar cinco reformas más en el periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero de 2026.
Entre ellas, la reforma para empatar la revocación de mandato con las elecciones intermedias de 2027 y la reforma político-electoral.
Sobre este tema dijo que aún no definen si la revocación de mandato se discutirá por separado o como uno de los apartados de la reforma electoral; no obstante, informó que de acuerdo con la comisión presidencial que elabora la iniciativa, podrían enviarla después del 25 de diciembre o en la primera semana de enero.
Además, buscarán aprobar cuatro reformas que quedaron pendientes, entre ellas una en materia de abuso sexual presentada por la presidenta del Senado, la morenista Laura Itzel Castillo, con motivo de la agresión que sufrió la Presidenta Claudia Sheinbaum en el Centro Histórico capitalino y las minutas en materia de delitos ambientales que regresó a San Lázaro luego de que el Senado hizo modificaciones y otra en materia de procedimiento contencioso administrativo.
