A un año de gobierno:

 

*Inseguridad galopante y falta de estrategia contra crimen organizado 

*Educación, una promesa del corazón y no de la razón

*Nula obra pública en los municipios

*Compromisos no cumplidos a campesinos y etnias

*Atentados contra periodistas y no hay justicia

*Estancado el desarrollo económico de Chihuahua

 

El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional expresa que, a un año de gobierno, la administración de Javier Corral Jurado no ha respondido a las expectativas de los chihuahuenses en temas trascendentales como seguridad, empleo, educación, salud, desarrollo social y obra pública.

El delegado del CEN del PRI, Fernando Moreno Peña y la dirigencia estatal encabezada por Omar Bazán y Georgina Zapata, hacen un respetuoso llamado al titular del Ejecutivo del Estado para desarrollar una agenda de gobierno, que más allá de posturas partidistas lleve a generar un mejor presente y futuro para Chihuahua.

El PRI expresa su preocupación, ya que un análisis a la administración de Javier Corral establece que, durante este periodo, no se han cumplido las ofertas de su campaña; entre otras: compromisos no cumplidos con las organizaciones indígenas y sus líderes asesinados, lamentables atentados contra los periodistas de nuestro estado y para el ciudadano en general la tranquilidad en las calles que ya habíamos recuperado.

No es posible que grupos armados ostenten su poder masacrando impunemente a nuestra gente, y que el silencio o la victimización sean la respuesta de la administración estatal.

Hoy vivimos en un estado de temor e incertidumbre ante el creciente número de homicidios, asaltos, secuestros, extorsiones y delitos patrimoniales, mientras impera la falta de una estrategia y un exceso de “repartición de culpas” que ofende la inteligencia de los chihuahuenses.

Con más de mil asesinatos y una clara tendencia a la alza en otros delitos de alto impacto, no se puede claudicar ni resolver con discursos este grave problema que a todos nos preocupa.

El Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública reporta que tan sólo de octubre del año pasado a junio del presente 2017, delitos como el secuestro que veíamos casi erradicado, se incrementaron en 200% con relación al año anterior; la extorsión en 38%; el robo de vehículos con violencia en 16 % y los homicidios dolosos en más del 50 %, sin tomar en cuenta los dolorosos acontecimientos sucedidos en septiembre pasado.

El Ejecutivo está obligado a llevar a los tribunales a todo aquél que haya violado la ley, sin protagonismos y asumiendo el rol que le corresponde. La justicia no debe estar sujeta a la interpretación facciosa de una persona.

Además, se ha convertido en una farsa la división de poderes, porque más allá de actitudes populistas y de atracción de líderes para concederles puestos importantes en la administración, no se ven acciones de fondo en el ejercicio de un auténtico poder ciudadano, y mucho menos solución a los problemas.

El bienestar social debe ser política de estado y debe ser atendido con diligencia, lo que definitivamente no va al ritmo que la sociedad espera.

La educación gratuita en los niveles medio superior y superior quedó como una atractiva promesa de campaña. Peor aún, se han cerrado planteles y es muy grave que tan sólo en Ciudad Juárez uno de cada 10 niños que ingresa a Primaria termina su educación superior; además, en ese municipio, este ciclo escolar se quedaron más de 4 mil jóvenes sin ingresar a su educación media superior.

Con relación a la salud no existe una política de programas prioritarios. No sabemos los chihuahuenses cómo resolverá el gobierno estatal la problemática de mortalidad infantil y materna, así como el creciente número de embarazos de adolescentes, entre otros temas de importancia.

La falta de medicamentos ha sido una constante en las instituciones públicas, mientras que los procesos de licitación para subsanar este problema han sido motivo de señalamientos por la falta de transparencia y por el debido cumplimiento en la normatividad.

El manejo de la salud pública debe ser muy diferente a la medicina privada, no es una empresa que busque ganancias; es por esta razón que el gobierno federal, a través de convenios de coordinación fiscal, destina recursos para la operación de los programas de atención a la medicina de prevención y promoción de la salud, y para el seguro popular.

En el tema económico es evidente la escasa inversión en la entidad:

Este primer año de gobierno el crecimiento del empleo disminuyó de 3.2% a 1.5%, en el periodo de octubre 2016 a agosto de  2017; es decir, menos de la mitad que en el mismo periodo del año anterior.

En el Balance del Ejecutivo, se dice que se destinaron 330 millones de pesos en obra pública, pero… ¿dónde están invertidos?

Respecto a los temas de división de poderes y de honestidad y transparencia, se han contrariado los compromisos de campaña; baste recordar los penosos incidentes suscitados con la intromisión en el Poder Judicial, el Instituto Chihuahuense de Transparencia y la Auditoría Superior del Estado.

En el tema de las finanzas públicas, vemos con agrado cómo el entorno económico nacional ha rendido frutos a nuestro Estado; el principal incremento de recursos se presentó en el rubro de participaciones federales, en un 19 % más que el año pasado, situación que también estará siendo reflejada en las administraciones municipales.

Lastimosamente para el estado de Chihuahua, la mala gestión de recursos propició que dejemos de recibir millones de pesos provenientes de fondos y programas federales.

Por otra parte, con el voto en contra de nuestra bancada en el Congreso del Estado, se concedió al Ejecutivo una carta abierta por más de 20 mil millones de pesos de deuda, en una clara opacidad financiera.

En resumidas cuentas, en su primer Balance el gobierno del estado ha dejado clara su intención de endeudar más a la presente y a las futuras generaciones, lo cual traiciona el compromiso para con los chihuahuenses.

Bajo este escenario de intención de deuda, de opacidad financiera y de falta de habilidad para acceder a recursos federales, se suma el desinterés social al descuidar el bolsillo de los chihuahuenses tomando medidas como el aumento al costo del agua, de un 18 y hasta un 57 %.

Aún más preocupante resulta que de manera discrecional se intente beneficiar a algunos municipios con intenciones políticas. Existe un marco jurídico que se debe respetar: los Sistemas Hacendario Nacional y Estatal no están sujetos a caprichos y voluntades personales.

Consideramos de suma importancia trabajar en dos grandes objetivos generales, que desprendan líneas de acción inmediatas.

En primer lugar, trabajar de manera conjunta con los empresarios, los académicos y con los encargados de la seguridad pública: generar una estrategia que incluya a los jóvenes y niños en una formación académica completa, accesible y con respeto y entendimiento de las autoridades, lo que les permitirá crecer en un ambiente de seguridad y cohesión los primeros años de su vida.

En nivel medio superior y superior, es responsabilidad del gobierno garantizar el espacio educativo a los estudiantes y la coordinación con los generadores de empleo.

En segundo lugar, debemos fortalecer todos los programas y apoyos a la población, para enfrentar la grave crisis que atraviesa nuestra sociedad, atendiendo a la persona como ente primordial y como generador de integración familiar y hacia la sociedad.

México como país, y Chihuahua como estado, viven tiempos complejos y difíciles.

El Partido Revolucionario Institucional, el PRI, se concibe en este momento como la oposición razonable, constructiva y corresponsable de la buena gobernanza que merecen los chihuahuenses.

Sólo falta que la otra parte, la que hoy ostenta el poder en el Estado, lo entienda y actúe en consecuencia.