En la actualidad, México pasa por un severo problema para proporcionar los medicamentos adecuados para la atención de los problemas de salud mental, mismo que no se veía desde el año 2016, por lo que los diputados Carmen Rocío González Alonso y Éctor Jaime Ramírez Barba, exhortaron de manera enérgica al titular del Ejecutivo Federal y a las instituciones del Sistema Nacional de Salud, para que, en el ejercicio de sus facultades, ejecuten con urgencia las medidas necesarias para suministrar de medicamentos para atender la salud mental y las adicciones en todas las unidades médicas.
Lo anterior, sostuvieron los panistas, desde las unidades del primer nivel de atención, hasta los hospitales de tercer nivel de atención, toda vez que la falta de los medicamentos violenta el derecho a la salud plasmado en el artículo 4°, párrafo cuarto de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
A través de un Punto de Acuerdo, presentado por la y el diputado panista Carmen González y Éctor Ramírez aseveró que “este problema de desabasto no se veía desde 2016, cuando del abasto de medicamentos estaba cerca de 98% en las instituciones de salud públicas; sin embargo, en 2022, el abasto cayó hasta el 64%, derivado de la pandemia, en la cual se concentran en controlar, dejando de lado otras enfermedades como las mentales”.
Ramírez Barba, argumentó que el Gobierno Federal se ha excusado que, ante tal falta de medicamentos para atender el problema multicitado de salud, se debe a que la farmacéutica Psicofarma, estaba concentrando todos los medicamentos psiquiátricos para el sector público.
Además, señaló que, desde hace poco más de un año, la empresa comenzó a incumplir con la entrega de fármacos, por lo que la Secretaría de la Función Pública la vetó como proveedora del Gobierno Federal.
Por su parte, la diputada Carmen Rocío González Alonso indicó que la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), al realizar dos visitas de inspección a la farmacéutica, encontraron diversas anomalías e irregularidades que no cumplían con los criterios de calidad suficientes.
Ante este acontecimiento, la COFEPRIS implementó medidas de suspensión parcial de actividades y el aseguramiento de materia prima y medicamentos controlados hasta que la empresa solventara las observaciones, con el objeto de reanudar las actividades.
Por lo que también, el Punto de Acuerdo exhorta de manera enérgica al titular del Ejecutivo Federal para que, a través de la Secretaría de Salud, INSABI y la COFEPRIS, presenten un informe detallado a la opinión pública, sobre las acciones y planes para atender el desabasto de medicamentos para el tratamiento de las enfermedades de la salud mental y las adicciones.
Para finalizar, los diputados urgieron al Poder Legislativo a emprender acciones para suministrar el medicamento, ya que los pacientes con trastornos mentales, suelen suicidarse, lo que representa una de cada cien muertes y el 58% de ellos ocurrían cuando el paciente tenía menos de 50 años de edad.
Asimismo, señalaron de acuerdo con la OMS, la esperanza de vida de los pacientes que presenta algún trastorno mental grave tienen una esperanza de vida de 10 a 20 años.
“El trastorno mental tiene que ver con abusos sexuales, acoso, intimidación e incluso por el consumo de sustancias ilícitas, los cuales les puede provocar depresión y otros trastornos, que, al no ser tratados de manera adecuada puede llevar al paciente al suicidio o presentar comportamientos autodestructivos”, concluyeron.
