-“Nosotros estamos convencidos que el Congreso del Estado actuará con esta responsabilidad republicana y no se sumará bajo ninguna circunstancia al marco de impunidad que ha caracterizado los casos de corrupción en todo el país”, destaca César Augusto Peniche Espejel
El trabajo del Ministerio Público, de los analistas financieros y los peritos, generó una evidencia contundente para que se siga la investigación y de ser el caso, también continúe el procedimiento judicial de desafuero del magistrado Jorge Ramírez, señaló el fiscal general, César Augusto Peniche Espejel.
“Nosotros estamos muy convencidos y muy seguros de la actuación del Ministerio Público y de los datos de prueba que hasta el momento se han recabado. Todo esto se ha actuado, como siempre lo hemos sostenido, de manera muy profesional por parte del Ministerio Público, de los analistas financieros, de los peritos y la evidencia ahí está y desde nuestro punto de vista la Fiscalía General del Estado, es una evidencia contundente”, afirmó.
Recordó que fue el propio Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chihuahua, a través de su responsable de Control Interno, la instancia que presentó una denuncia ante la Fiscalía General del Estado.
A partir de ahí, agregó, “la Fiscalía lleva a cabo la tarea de pedir la información correspondiente a la Comisión Nacional Bancaria, a los bancos directamente y a otras entidades, dictámenes periciales, diversos testigos, contratos, documentos oficiales, etcétera, y se llega a la conclusión de que esa discrepancia en su patrimonio, la cual pudiera ascender a más de 10 millones de pesos, debe seguirse investigando”
No obstante que la Comisión Jurisdiccional del Congreso del Estado rechazó la solicitud de desafuero contra el magistrado Ramírez, el fiscal dijo que espera que el pleno del Poder Legislativo apruebe esta petición.
Explicó que en una primera instancia, la Comisión Instructora del Congreso del Estado emite una opinión recaída a esa solicitud y que en esta etapa unos cuantos diputados, en una opinión que solamente ellos conocen la motivación y sus convicciones, pues no declaran o no se muestran favorables al sentido que se había propuesto por parte de la presidenta de la Comisión para dictaminar este caso.
Peniche Espejel indicó que este proceso no concluye ahí, puesto que no se trata únicamente de la opinión de la Comisión Instructora sino también, es ahora ese dictamen y esa negativa de estos diputados que tendrá que pasar al Pleno del Congreso.
“Ahora, le corresponde al Pleno del Poder Legislativo, pronunciarse sobre esta solicitud y ahí es donde se tendrá que resolver y nosotros estamos convencidos que el Congreso del Estado actuará con esta responsabilidad republicana y no se sumará bajo ninguna circunstancia al marco de impunidad que ha caracterizado los casos de corrupción en todo el país”, expresó el fiscal general.
