En años recientes, la Secretaría de Salud y el Poder Judicial en México han impulsado una modificación progresiva del lenguaje empleado en las Normas Oficiales Mexicanas y en diversas disposiciones relacionadas con la salud. El cambio consiste en sustituir o complementar términos biológicos tradicionales, como “mujer” o “madre”, con conceptos pretendidamente neutros, como “persona gestante” o “persona con capacidad de gestar”.
Institucionalmente, este movimiento se “justifica” invocando los principios de inclusión, no discriminación y progresividad de los derechos humanos, con el propósito de brindar cobertura legal e institucional a hombres trans y personas no binarias que conservan órganos reproductivos femeninos. Recién ocurrió con la NOM-005-SSA-2026, relativa a los servicios de planificación familiar y anticoncepción, y expresiones semejantes fueron incorporadas en la NOM-020-SSA-2025, referente a establecimientos de salud y partería.
También es un hecho que estas modificaciones han fracturado el consenso social y generado resistencia entre sectores civiles, juristas, organizaciones familiares e incluso colectivos feministas tradicionales, cuyos integrantes advierten un impacto profundo en la estructura jurídica, cultural y social del país.
Antes de continuar, debo hacer dos aclaraciones. Primera: me importa un pito meterme en este berenjenal. Segunda: no faltarán los tontos útiles que pretendan crucificarme por expresar libremente mis opiniones, valiéndose de los subterfugios acostumbrados y comenzando, ¡cómo no!, por la descalificación automática: «¡Transfóbico!», «¡Homofóbico!» y demás parafernalia retórica, empleada para evitar la discusión de fondo.
Nada de eso modifica el problema: esta serie de reformas constituye una sinrazón y un sinsentido monumentales, además de una afrenta para los ciudadanos que todavía no hemos reemplazado el juicio por un corazón de cristal. Ni modo. A darle.
En las burocracias incapaces de administrar la realidad, pero dotadas de ínfulas suficientes para corregirla, el lenguaje deja de ser un instrumento necesario para describir el mundo y se convierte en una herramienta de ingeniería social. Eso ocurre cuando las normas jurídicas comienzan a desplazar palabras como “mujer” o “madre” y las sustituyen —o las colocan en un proceso de progresiva irrelevancia— mediante expresiones como “persona gestante”, “persona menstruante” o “persona con capacidad de gestar”.
El cambio suele presentarse como una conquista de la inclusión; sin embargo, detrás de esa apariencia benévola se esconde una operación conceptualmente más profunda: la sustitución de una identidad humana, histórica y social por una función corporal administrada por el Estado. ¡Absurdo!
No se trata únicamente de ajustes terminológicos. Se trata de un auténtico proceso de desantropologización del lenguaje público. La inclusión es, dentro de límites razonables, un propósito legítimo; la desaparición lingüística de la mayoría no lo es; eso se parece demasiado a una ejecución simbólica.
La primera paradoja de esta reforma consiste en que, pretendiendo evitar la discriminación, termina borrando a la mujer, desnaturalizándola e invisibilizándola. Durante siglos, las mujeres lucharon para ser reconocidas como sujetos plenos de derechos y no como cuerpos destinados exclusivamente a la reproducción. Ahora, una curiosa vanguardia burocrática propone denominarlas precisamente por su función reproductiva: personas que gestan, cuerpos con capacidad de gestar, sujetos portadores de determinados órganos. ¡Ja, ja, ja, ja! El retroceso conceptual es evidente, y quien no quiera verlo así es un reverendo tonto o un profundo hipócrita.
La palabra “mujer”, por más malabares conceptuales que se intenten, nombra una realidad humana integral e insustituible. Comprende una dimensión biológica, pero también una historia, una experiencia social, una identidad cultural y una larga lucha por la igualdad; expresiones como “persona gestante”, en cambio, no describen al ser humano en su integridad: lo reducen a una función. Sería el equivalente lingüístico de mutilar la noción de “ciudadano” para dejarla en “persona contribuyente”; la de “enfermo”, para reducirla a “organismo medicable”; o la de “trabajador”, para convertirla en “unidad con capacidad productiva”. No. Engáñense cuanto quieran, pero esa clase de “evoluciones”, “reformas” o “transformaciones”, lejos de humanizar, cosifican al ser humano. Así es, digan lo que digan.
Por satisfacer las exigencias de una minoría ideológica estridente —a la que prefiero no calificar como merece su delirio conceptual, para evitar el consabido linchamiento mediático, como aquel al que sometieron a Pedrito Sola por decir lo que pensaba—, la mayoría debemos resignarnos a contemplar cómo se erosionan ideas, valores, principios y creencias fundamentales en la construcción de nuestra identidad; porque, para mí, pretender eliminar la palabra “madre” —y, por extensión, la palabra “mamá”— constituye un atentado cultural de proporciones monstruosas. La maternidad no se agota en el embarazo. Comprende vínculos afectivos, deberes jurídicos, responsabilidades de cuidado, memoria familiar y continuidad generacional. Una mujer no se convierte en madre únicamente porque su organismo desarrolla un proceso gestacional, sino porque entra en una relación profundamente personal, humana, histórica, jurídica y social que trasciende el hecho biológico; reducirla a “gestante” no enaltece esa experiencia: la mecaniza, la humilla y la degrada. La madre deja de ser una persona situada en una red de afectos, derechos y obligaciones para convertirse en la administradora provisional de un proceso fisiológico.
Extraña forma de progreso aquella que, para dignificar a una persona, comienza por despojarla del nombre correcto, adecuado y pertinente; desde luego, el orden jurídico puede —y debe— reconocer realidades personales y familiares diversas, además de establecer reglas destinadas a impedir la discriminación. Punto; pero de ahí a pretender ignorar una realidad evidente —histórica, biológica, social, cultural y jurídica— existe una distancia enorme. Negarla es una soberbia estupidez, un despropósito y una majadería burocrática.
La ley no debe ni puede sacrificar la claridad general para resolver situaciones particulares: la técnica legislativa inteligente añade, distingue y precisa; la mala, como ocurre con esta tendencia imbécil, borra, sustituye, confunde y, para colmo, denigra. Lo más asqueroso es que esta transformación no siempre proviene de auténticos órganos legislativos, sometidos al debate público y a la responsabilidad política, sino de aparatos administrativos y jurisdiccionales que introducen modificaciones conceptuales mediante normas técnicas, criterios, protocolos y resoluciones. En lugar de discutir abierta y democráticamente una transformación de semejante calado, la introducen por la puerta trasera del lenguaje administrativo. ¡Cobardes!
No toda diferencia de trato es discriminatoria ni toda distinción lingüística constituye violencia; quien sostenga lo contrario padece una confusión conceptual de campeonato; el derecho clasifica porque necesita distinguir, define supuestos, identifica sujetos, atribuye consecuencias y ordena realidades; sin distinciones, no existe el derecho: existe una sopa retórica servida por burócratas satisfechos de sí mismos. Una norma que se refiere a “mujeres embarazadas” no está necesariamente excluyendo a otras personas; está identificando al grupo que concentra, de manera abrumadora, la realidad biológica, estadística y sanitaria regulada; eso no impide que, cuando resulte necesario y jurídicamente pertinente, se incorporen disposiciones específicas para proteger a otras personas; lo que resulta inadmisible es pretender que la excepción, por respetable que sea, deba redefinir la totalidad del lenguaje y obligar a la mayoría a desaparecer dentro de una categoría artificial.
Termino: cuando el ciudadano deja de reconocer la realidad en las palabras de la ley, comienza a desconfiar de la ley misma; en un Estado como el nuestro, tan débil institucionalmente, la autoridad no se pierde únicamente cuando se actúa injustamente, también se pierde cuando se habla de manera incomprensible, afectada o deliberadamente artificiosa; una legislación escrita para satisfacer los códigos lingüísticos de círculos académicos, burocráticos o militantes, cualquiera que sea su naturaleza, termina alejándose de la sociedad a la que pretende gobernar. El gran problema no radica en que existan minorías ni en que reclamen protección especial (sus derechos deben ser garantizados con seriedad); el problema surge cuando esa protección se articula mediante la eliminación simbólica de categorías que continúan nombrando la experiencia de millones de personas.
Incluir no puede significar imponer a todos la obligación de desaparecer dentro de una abstracción; en mi caso, defender las palabras “mujer” y “madre” no implica negar derechos a nadie; implica rechazar la falsa disyuntiva según la cual sólo es posible proteger a unos borrando a otras; el derecho puede ampliar su vocabulario sin mutilarlo; puede reconocer casos particulares sin declarar obsoleta la experiencia humana mayoritaria; puede ser incluyente sin transformarse en un laboratorio de abstracción burocrática idiota; las civilizaciones comienzan a debilitarse cuando dejan de llamar a las cosas por su nombre, y una sociedad que ya no se atreve a decir “mujer” o “madre” está, definitivamente, enferma: no está ampliando ni transformando la realidad; está perdiendo las palabras con las que aprendió a comprenderla.
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