CDMX.- Jueces y trabajadores del Poder Judicial de la Federación (PJF) endurecieron sus acciones y ayer anunciaron un paro nacional hasta el 24 de octubre.
El Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación (STPJF) informó que desde hoy y hasta el próximo martes no habrá actividades, en protesta por la extinción de 13 fideicomisos con 15 mil millones de pesos.
Simultáneamente, servidores públicos del PJF también convocaron a una marcha nacional para el próximo domingo, que partirá a las 11:00 horas del Monumento a la Revolución al Zócalo de la Ciudad de México.
“El STPJF decreta a tu favor paro nacional de actividades en todos los órganos jurisdiccionales y áreas administrativas del Poder Judicial del 19 al 24 de octubre de 2023. Unidos contra las arbitrariedades contra nuestras prestaciones laborales”, dijo la organización gremial en un aviso a sus afiliados.
Esta es la suspensión de labores más larga de la que se tiene registro en el PJF, por lo menos en el último cuarto de siglo.
Todos los órganos jurisdiccionales se han encargado ya de emitir avisos a abogados, peritos y usuarios de los servicios de impartición de justicia que durante el tiempo en que se encuentren suspendidas las actividades no correrán los términos legales en los litigios.
Los primeros en anunciar el paro fueron los trabajadores de los 66 órganos jurisdiccionales del Palacio de Justicia de San Lázaro, quienes en una improvisada asamblea en las escalinatas del inmueble anunciaron su decisión.
Más tarde, también se sumaron al paro los 10 Tribunales Colegiados en Materia Penal de la Ciudad de México.
Critican privilegios que ellos disfrutan
Los diputados federales gozan de privilegios que critican a los Ministros de la Corte y derrochan dinero de los mexicanos, sin rendir cuentas ni permitir su revisión por la Auditoría Superior de la Federación (ASF).
Sin que sean auditados, los grupos parlamentarios disponen de mil 631 millones de pesos en subsidios, de los que no hay claridad sobre su destino.
En la reforma para disponer de 13 de 14 fideicomisos del Poder Judicial, uno de los argumentos de Morena es que dichos fondos provienen de ahorros del presupuesto asignado y no se regresaron a la Tesorería de la Federación (Tesofe).
Sin embargo, de los mil 631 millones de pesos que reciben las bancadas, los coordinadores registran un “saldo” a favor de 130 millones de pesos, hasta febrero pasado.
No se sabe si hay más dinero de “cochinitos legislativos” porque las bancadas no han publicado los informes financieros del periodo de marzo-agosto de este año.
Los grupos de Morena y PT son las que más dinero tienen en “guardaditos”.
Bajo la coordinación de Ignacio Mier, Morena reporta un saldo de 66 millones de pesos, que se acumulan desde 2021 y 2022, pero que no ha regresado a la Tesofe.
El grupo parlamentario del PT, liderado por Alberto Anaya, no ha gastado 47.4 millones de pesos.
La fracción del PVEM, que antes de elecciones solía acumular saldos de subvenciones, sólo conserva 1.5 millones de pesos, que tampoco ha devuelto a la Tesofe.
Por parte de la Oposición, los saldos reportados suman 14.3 millones de pesos.
Mientras los legisladores de Morena han denunciado que no se sabe el destino de los fideicomisos manejados por el Poder Judicial, la ASF no ha revisado a la Cámara baja en las cuentas públicas de 2020, 2021 y 2022.
Los diputados que reprochan a ministros, magistrados y jueces privilegios en prestaciones, disponen de una partida especial para pagar viajes en avión, con las tarifas más altas, y hospedaje en hoteles de lujo.
Dependiendo de su lugar de residencia, la ayuda mensual para transporte oscila entre 60 y 80 mil pesos, para cubrir viajes en avión a la Ciudad de México.
Y si no viajan a la capital del País, reciben ayuda para transporte y hospedaje.
La dieta de cada uno de los 500 diputados es de 75 mil pesos netos al mes, pero sus coordinadores reparten, en forma discrecional y opaca, ingresos extra y bonos, financiados con las subvenciones mensuales que reciben y que no se auditan.
Tampoco se sabe de cuánto disponen los coordinadores parlamentarios para sus gastos de operación, administrativos y de representación.
Además, los legisladores reciben otros 75 mil pesos mensuales para instalar oficinas de gestoría en sus distritos y pagar salarios.
Aun cuando no tengan oficinas de gestión, porque no es obligatorio, no devuelve ese dinero.
Los legisladores tienen derecho a 40 días de aguinaldo y les regresan lo que pagan por concepto de ISR.
De esa forma obtienen 100 mil pesos, libres de impuestos, a final de año.
Como una prebenda más, cada diputado dispone de una tarjeta Iave, que le permite circular por las autopistas del país sin pagar peaje.
A pesar de que cancelaron los seguros médicos, tienen servicios médico y dental gratuitos en San Lázaro.
También existen convenios para contratar seguros médicos con descuento.
El seguro de gastos funerarios les permite recibir un mes de dieta adicional cuando fallece algún familiar.
Cada año, también reciben 58 mil pesos para la difusión de sus informes de labores, al margen de los gastos que realizan en eventos masivos, con acarreo de simpatizantes y reparto de lonches.
