La aplicación del llamado “Plan B” quedó suspendida por tiempo indefinido, resolvió ayer el ministro Javier Laynez.
Con ello, el Instituto Nacional Electoral (INE) podrá seguir operando como lo hacía antes de la reforma electoral impulsada por el Presidente Andrés Manuel López Obrador.
Laynez admitió ayer a trámite la controversia constitucional del órgano electoral contra la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales y otras leyes secundarias.
Además, otorgó una suspensión que casi garantiza que el adelgazamiento del órgano electoral pretendido por el Ejecutivo federal, y concretado por Morena y sus aliados en el Congreso, no podrá consumarse.
“El ministro instructor concedió la suspensión solicitada por el INE respecto de todos los artículos impugnados del decreto para efecto de que las cosas se mantengan en el estado en el que hoy se encuentran y rijan las disposiciones vigentes antes de la respectiva reforma”, informó la Corte.
La suspensión se mantendrá durante el tiempo que tome a la Suprema Corte de Justicia tramitar la controversia para resolver la constitucionalidad de la reforma, que por tratarse de materia electoral, seguramente será despachada antes del receso judicial que inicia el 15 de julio.
Pueden impugnar
El Ejecutivo federal y el Congreso pueden impugnar la suspensión ante una de las Salas de la Corte, pero el trámite de ese recurso tomará varias semanas.
El “Plan B” tiene un problema de origen, que probablemente llevará al Pleno de la Corte a invalidar por completo la reforma sin tener que pronunciarse sobre su contenido.
Dicho inconveniente es la prisa con la que fue aprobado en la Cámara de Diputados, donde el Pleno votó una iniciativa del Ejecutivo federal el mismo día que fue presentada, lo que es contrario a múltiples precedentes de la Corte sobre los requisitos mínimos que debe cumplir un procedimiento legislativo, máxime tratándose de una reforma de fondo al sistema electoral.
Si el Pleno de la Corte no reúne los ocho votos para invalidar, entonces se analizaría el contenido de la reforma, para determinar si la supresión de unidades y secretarias del INE, y muchos otros cambios al sistema de impugnaciones y reglas de los partidos políticos, pone en peligro la calidad de los procesos democráticos.
Si bien el proceso electoral de 2024 inicia en septiembre de 2023, la Corte no está obligada a resolver la controversia 90 días antes, pues este limite temporal solo aplica para la publicación de nuevas leyes.