El conjunto de datos con el que arranca el informe sobre el trabajo de las procuradurías y fiscalías estatales presentado ayer por Impunidad Cero debería, de suyo, ser un escándalo. De los 27 millones 639 mil 203 delitos que sucedieron en México en 2020, según la Envipe fueron denunciados apenas 10 por ciento. Solo en ocho de cada 10 delitos se inició una investigación y solo 1.2 por ciento fueron resueltos. Eso en las fiscalías y ministerios públicos estatales, que lidian con nueve de cada 10 delitos en el país.
¿Por qué no se denuncia? En primer lugar, porque no sirve de nada y hace años que se sabe, pero también porque denunciar es una tortura. Cuatro de cada 10 delitos hacen que uno pase más de cuatro horas en denunciar. Dice el reporte: “La fiscalía con mayor porcentaje de delitos que tardaron más de cuatro horas en ser denunciados durante 2020 fue la de San Luis Potosí (51.3 por ciento), seguida de las de Estado de México (46.9), Ciudad de México (45), Tabasco (43) y Morelos (42)”.
Los ministerios públicos atienden (promedio nacional) 136 casos anuales cada uno, aunque hay que señalar que entre 2019 y 2020 hubo una reducción de 12 por ciento en las investigaciones iniciadas y un pequeño aumento del número de fiscales. Aun así, siendo que son ellos los que legalmente llevan la investigación, parece tarea casi imposible. Aun así, los gobiernos estatales se niegan a gastar más y los subsidios desde el gobierno federal se van secando. A pesar de que, en términos nominales, el presupuesto estatal destinado a estas instituciones aumentó 17.1 por ciento de 2016 a 2020, en términos reales, es decir, tomando en cuenta los efectos de la inflación, disminuyó 2.3 por ciento lo destinado en el mismo periodo.
Hace muchos años que no se ha entendido desde los gobiernos que hay una relación directa entre estos niveles de impunidad e ineficiencia de nuestro aparato de procuración de justicia con la violencia e inseguridad que se viven diariamente. Pero nada indica que alguien lo piense así y esté dispuesto a hacer, en serio, algo para solucionarlo. Sí, es cierto, el reporte señala algunos estados con mejores prácticas, pero aun así quedan muy cortos de lo necesario.
@puigcarlos
MILENIO